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Cómo combatir socialmente la corrupción

 

Cómo Combatir Socialmente la Corrupción

Por José Sosa,
Publicado por la Crónica

Retomando la discusión iniciada hace una semana en este espacio, continúo describiendo las cinco herramientas de participación o modelos de incidencia ciudadana implementados por ONG Contraloría Ciudadana, AC. Estos cinco modelos tendrían que ser considerados e incorporados al instrumental de políticas y programas de intervención del nuevo organismo nacional de combate a la corrupción, que será valorado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en los próximos meses.

A los beneficios de los primeros dos modelos discutidos, la Contraloría Social y el Monitoreo Ciudadano hay que agregar el Testigo Social, los Ejercicios de Rendición de Cuentas y el Gobierno Abierto.

En el caso del Testigo Social, su utilidad reside en incorporar a un representante de la sociedad en los procesos de adquisiciones y adjudicación de obras en el sector público. El Testigo Social se incorporó a la legislación mexicana a lo largo de los últimos ocho años y representa uno de los pocos elementos activos del Estado mexicano para poner en marcha una estrategia sólida de participación ciudadana orientada efectivamente al combate a la corrupción.

El mecanismo del Testigo Social incorpora interfaces de transparencia y diálogo a los procesos de adjudicación de obra y de adquisiciones, mediante las cuales se hace posible que el representante social emita una opinión clara y justificada que después pueda ser discutida abiertamente con las dependencias y organismos públicos. Es importante tener en cuenta que la labor del Testigo Social carece de poder legal para alterar los procesos adjudicatorios. Sin embargo, su presencia e influencia resultan suficientes para evitar que las irregularidades u observaciones que el Testigo Social detecte y denuncie se conviertan en conductas antijurídicas o contrarias al interés público.

Los Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad (ERCS) no tienen un marco teórico que los defina como tales. Aún as es posible afirmar que éstos encuentran su razón de ser justamente en los principios y criterios que dan forma al concepto de rendición de cuentas, en su más amplio sentido, a la transparencia de la gestión pública y al combate a la corrupción. Así, en una primera definición, la de Transparencia Internacional, la rendición de cuentas se entiende como el proceso mediante el cual las personas, organismos y organizaciones de carácter público, privado y de la sociedad, son hechas responsables sobre el adecuado o inadecuado cumplimiento de sus funciones.

En México, los ejercicios de rendición de cuentas están previstos formalmente como procesos a los que algunas dependencias y programas deben someterse, en razón del carácter social o por el monto económico que impliquen sus acciones y funciones. En el ámbito federal, los ERCS implementados en sectores como desarrollo social y protección del medio ambiente se basaron en la Guía de Participación Ciudadana que elaboró y publicó en 2011 la Unidad de Políticas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Cooperación Internacional, de la ahora extinta Secretaría de la Función Pública.

Por lo que toca al Gobierno Abierto, quinto y último modelo a exponer, es menester señalar que se trata de aquella doctrina política que sostiene que la actividad del gobierno y de la administración del Estado debe estar abierta a todos los niveles, para el escrutinio eficaz del público y de su supervisión. Lo anterior asume que la relación entre los gobiernos y sus sociedades debe estar construida sobre principios de transparencia, colaboración y confianza.

De esta manera, el Gobierno Abierto se entiende como aquél que es capaz de promover una constante conversación con los ciudadanos, a fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan; tomar decisiones gubernamentales basadas en sus necesidades y preferencias; y facilitar la colaboración entre los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta. Se espera que con la adopción del Gobierno Abierto y de sus principios se eleve la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés público, para que sus demandas y opiniones queden dibujadas de manera más directa en el actuar gubernamental.

Como estrategia de relación Sociedad-Gobierno, el Gobierno Abierto debe centrarse en tres acciones fundamentales: 1) Un gobierno transparente y accesible, en el que las acciones de los responsables públicos e instituciones estén bajo el escrutinio público y puedan ser impugnadas; así como que la capacidad de los ciudadanos para acceder a información sea óptima; 2) un gobierno responsable y que rinde cuentas por sus acciones y omisiones; y 3) un gobierno sensible y receptivo a las posibilidades de consulta, participación e interacción permanente con los ciudadanos y sus demandas.

El impacto del Gobierno Abierto debe medirse y mostrarse en tres niveles: 1) el de la Legitimidad Democrática, en tanto ayuda a hacer más clara y confiable la relación contractual entre gobernantes y gobernados; 2) el de la estabilidad social, para que aquellas decisiones gubernamentales que podrían considerarse a priori impopulares sean mejor aceptadas y comprendidas por la sociedad; y 3) el del desarrollo económico, para contribuir a la promoción del gasto público inteligente e innovador y para eliminar el acceso privilegiado a la información, permitiendo así la competencia de mercado libre y justa.

 


 

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